El fallo de segunda instancia emitido por el Tribunal de Cundinamarca, que fue revelado en las últimas horas revoca la decisión en primera instancia, y declara administrativamente responsable al Estado colombiano por los resultados que dejó, en materia de pérdida de vidas humanas, la avalancha de marzo de 2017, ocurrida en Mocoa.

Como entidades responsables y sobre quiénes caería la sanción están: La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de La Amazonia (Corpoamazonia), Departamento de Putumayo y el Municipio de Mocoa.

Los reseña como responsables del “daño antijurídico sufrido por los demandantes con ocasión de la avenida torrencial ocurrida el 31 de marzo de 2017 en el municipio de Mocoa, Putumayo”; según algunos medios, la sanción pecuniaria podría estar por encima de los $9.000 millones.

«Solamente del informe o relación de eventos naturales del municipio de Mocoa, expedido por Corpoamazonía se relaciona 46 avenidas torrenciales producidas por los ríos de Mocoa, Mulato, Sangoyaco, Repino, Rumiyaco, Quebrada Turquía, así como 50 eventos por inundaciones y 99 deslizamientos, panorama que claramente deja entre ver que los hechos del 31 de marzo de 2017 eran plenamente previsibles para las autoridades administrativas del municipio, y pese a lo anterior ninguna ejecutó labores tendientes a salvaguardar la vida e integridad de los pobladores de las áreas amenazadas», dice en unos apartes el fallo del tribunal.

El pasado 31 de marzo y 1 de abril de 2017, el crecimiento de los caudales de 3 ríos y quebradas causó una avalancha que cobró la vida de más de 344 personas y dejó más de 1.300 damnificados, en 17 barrios de la capital.

Según el periódico El tiempo, la decisión adoptada en la sentencia ordena el pago de las indemnizaciones a 10 de las familias afectadas que hicieron parte de la demanda contra el Estado, que terminó dándoles la razón.